Principales claves para entender la nueva reforma de las pensiones
Nos encaminamos hacia la tercera reforma del sistema público de pensiones en España en tan sólo una década. Los cambios que está impulsando José Luis Escrivá desde el Ministerio de Seguridad Social son decididamente más ambiciosos que los impulsados por su antecesora en el cargo, Fátima Báñez.
El gran interrogante no es sólo si éstos tendrán efecto, sino además si el Ministerio será capaz de poner de acuerdo a las dos almas del Gobierno que se sientan en la negociación, a sindicatos y a la propia industria financiera española, habiendo mostrado esta última su malestar de manera reiterada ante las distintas normas aprobadas en el marco de la nueva reforma.
Los males que presenta el sistema público de pensiones en España están bien identificados y definidos desde hace años: una situación demográfica debilitada, al haberse invertido la pirámide de población; el incremento de la esperanza de vida entre la población española (una de las más longevas del mundo, junto con Alemania y Japón), lo que supone más años de cobro de las pensiones públicas por parte de los nuevos jubilados; y, en definitiva, la falta de sostenibilidad del sistema tras el agotamiento de la conocida como “hucha” de la Seguridad Social, que como explican en este artículo de Datadista se ha vuelto deficitaria en la última década, de modo que actualmente las pensiones de los españoles se están financiando vía deuda.
A estos factores estructurales se les puede añadir un elemento más en contra, que no es otro que la falta de cultura financiera en la sociedad española, poco acostumbrada a invertir en activos financieros más allá del ladrillo. Hay numerosos datos y estudios que lo respaldan; sin ir más lejos, el informe de Ahorro Financiero de las Familias Españolas que publica Inverco trimestralmente refleja que el ahorro en planes de pensiones individuales asciende a unos 131.000 millones de euros, un 5,3% del total, mientras que el dinero en depósitos ha superado la cifra récord de un billón de euros, o un 38,5% del total (datos del segundo trimestre de 2021). Otro dato revelador: según el último Informe Naranja que publica ING, tan solo 1 de cada tres españoles conoce que los planes de pensiones tienen comisiones. El estudio, que pregunta por diversos temas relacionados con los planes de pensiones a individuos de la generación millennial (25 a 38 años), de la generación X (39 a 54 años) y de la generación del baby boom (55 años en adelante) también ha detectado que solo el 53% de los también denominados baby boomers saben que los planes de pensiones tienen ventajas fiscales, cifra que se va reduciendo hasta el 35% de los millennials.
Resumiendo, los desafíos a los que se enfrenta el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones son varios: cómo volver a dar viabilidad a un sistema deficitario con una población que cada vez presenta mayor esperanza de vida en un momento clave, pues en pocos años la cohorte más ancha de la pirámide de población (los baby boomers) empezarán a jubilarse. Además, debe conseguirlo sin tener que recurrir a dos medidas extremadamente impopulares entre la población: recortar la cuantía de las pensiones o incrementar otra vez el límite legal de la edad de jubilación… o incluso ambos.
Principales claves de la reforma
A continuación, exponemos de manera resumida las dos grandes líneas de actuación del plan de José Luis Escrivá o, al menos, de todas las medidas que ha comunicado hasta ahora:
Por un lado, entre el paquete de nuevas medidas destaca el incremento de 15 a 25 el cómputo de los años para calcular la base de la pensión. Esta medida va acompañada de un sistema de penalizaciones a quienes deseen jubilarse hasta dos años antes (salvo excepciones, como padecer una incapacidad permanente) y de gratificaciones para quienes quieran prolongar su vida laboral. El ministro ha manifestado en varias ocasiones que con estas medidas pretende acercar la edad real de jubilación (64 años y 6 meses) a la edad legal de jubilación, situada en los 65 años, aunque se irá incrementando gradualmente hasta los 67 años.
Por otro lado, el plan del ministro consiste en aliviar parte de la presión que está sufriendo el primer pilar (las pensiones públicas) mediante el impulso al segundo pilar (planes de empleo), es decir, que las empresas incentiven a sus trabajadores para ahorrar a través de un plan de pensiones corporativo mediante un sistema de aportaciones conjuntas (el empleado destina una parte de su sueldo a aportaciones y las empresas otra parte).
Al mismo tiempo, la principal medida en torno al tercer pilar es punitiva, dado que se ha optado por recortar la ventaja fiscal a los planes de pensiones individuales: en 2020 se redujo de 8.000 a 2.000 el límite máximo de desgravación en la declaración de la renta, y a partir de 2021 volverá a reducirse a 1.500 euros al año.
El segundo pilar es el menos desarrollado de los tres en España, dado que lo aplican fundamentalmente las empresas de mayor tamaño. Según Inverco, los planes de empleo constituyen tan solo un 29% del sistema de pensiones, excluyendo las públicas. Además, se trata de un ahorro muy atomizado, dado que en la práctica cinco planes de grandes empresas españolas (BBVA, Telefónica, Endesa, CaixaBank/Bankia) acaparan el 50% del patrimonio.
En un país cuyo tejido productivo está compuesto primordialmente por PYMES, la solución que ha aportado el ministerio para atajar esta falta de medios llegó recientemente en la forma de un nuevo anteproyecto de ley con el que se pretende desarrollar dos nuevos instrumentos para canalizar el ahorro para la jubilación, el plan de empleo de promoción pública y el plan simplificado. Lo que busca el Ministerio con estos productos es un tipo de colaboración público- privada, pues lo que propone es que sean las propias gestoras españolas (siempre que cuenten con un patrimonio en planes de pensiones superior a 1.000 millones de euros y cumplan con otros requisitos detallados en el anteproyecto, como ser sometidas a una comisión de control integrada por funcionarios públicos) las que gestionen productos, que deberán promover entre sus empleados tres categorías de empresas o entidades: administraciones públicas, empresas incluidas en acuerdos sectoriales vinculados a la negociación colectiva o a las asociaciones de trabajadores autónomos, colegios profesionales y mutualidades (puede conocer más sobre los nuevos planes de empleo aquí).
La última novedad de la reforma ha llegado hace cuestión de días y se trata del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que viene a sustituir el ya derogado factor de sostenibilidad que pretendía introducir el anterior gobierno. Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema y el pago de las pensiones a la generación baby boomer, lo que se propone es incrementar en medio punto (0,5%) las cotizaciones de todos los trabajadores en activo durante los próximos diez años. Sin entrar a valorar si esta medida puede ser efectiva para atajar el serio problema que afronta España en los próximos años, despedimos este post con un breve aforismo del economista Milton Friedman: “Nada es tan permanente como un programa temporal del gobierno”.
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