Quinto paquete de sanciones contra Rusia

Las atrocidades llevadas a cabo por Rusia en la ciudad de Bucha han obligado a la Comisión Europea a aprobar el quinto paquete de sanciones contra el Kremlin. Estas medidas, indudablemente, también nos afectan y se está dejando notar en la economía europea, tal y como explicó Dombrovskis el martes tras el Ecofin. Por otro lado, la Alianza Trasatlántica ha acordado mandar más armas a Ucrania y, esta semana la Comisión ha llevado a España ante el TJUE por incumplimiento de en dos directivas.

Los cuatro paquetes de sanciones aprobados hasta la fecha han golpeado con fuerza Rusia limitando sus opciones políticas y económicas. Los resultados son tangibles. Pero a la vista de la brutalidad del ejército ruso en Bucha, la Comisión ha decidido aumentar aún más la presión.

Este quinto paquete tiene seis pilares. Ya no se podrá importar carbón de Rusia, esto supone una pérdida de 4.000 millones de euros al año para Rusia. También se prohíben totalmente las transacciones con cuatro bancos rusos clave, entre ellos el VTB, el segundo mayor banco ruso. Los buques rusos y los operados por Rusia no podrán acceder a los puertos de la UE. Algunas exenciones abarcarán productos esenciales, como los agrícolas y alimentarios, la ayuda humanitaria y la energía.

Además, habrá nuevas prohibiciones de exportación específicas, por valor de 10.000 millones de euros, en ámbitos en los que Rusia es vulnerable. También nuevas prohibiciones de importación específicas, por valor de 5.500 millones de euros, para cortar el flujo de dinero de Rusia y sus oligarcas, en productos que van desde la madera al cemento, desde el marisco al licor.  Y, por último, se prohíbe la participación de empresas rusas en la contratación pública en los Estados miembros, o se les excluye de toda ayuda financiera, ya sea europea o nacional, a los organismos públicos rusos.

ECOFIN

La invasión rusa sigue provocando una fuerte conmoción en los mercados mundiales. Los precios de las materias primas, tanto energéticas como no energéticas, son volátiles y están en máximos históricos. Junto con la extrema incertidumbre, estos acontecimientos están frenando la actividad económica de la UE a través de múltiples canales. La inflación está subiendo mucho, esto suscita preocupación por el coste de la vida en toda la UE, ya que los hogares y las empresas tienen que hacer frente a facturas más elevadas, sobre todo en materia de energía.

Sólo en la zona del euro, Eurostat anunció que la inflación anual había subido a un máximo histórico en marzo: 7,5%, frente al 5,9% de febrero, y todavía impulsada en gran medida por los precios de la energía. Según el vicepresidente, Valdis Dombrovskis, “podemos esperar nuevas interrupciones en las cadenas de suministro mundiales. Aunque varias instituciones están emitiendo previsiones, el impacto económico es todavía muy difícil de cuantificar. Pero lo que ya podemos esperar es que nuestra proyección del 4% de crecimiento del PIB real para este año ya no está al alcance. Y la crisis también pesará sobre nuestras finanzas públicas”.

Un mensaje nada halagüeño pero que cerró asegurando que entramos en esta nueva crisis con buen pie, porque la fortaleza subyacente será un activo valioso para ayudarnos a superarla. La UE dispone de otras herramientas para ayudar a compensar el impacto económico de la guerra, como un nuevo marco temporal de ayudas estatales.

OTAN

Los países aliados de la OTAN acordaron ayer aumentar los envíos de armas a Kiev, tras las atrocidades vistas en Bucha y temiendo que Rusia lance una ofensiva a gran escala en la región del Donbás, en el este del país. En esta reunión estuvo presente el canciller ucraniano, Dmytro Kuleba, quien reclamó urgencia en el envío de esas armas, ya que según explicó, Rusia no se fue de Kiev buscando un alto al fuego, sino para tener más recursos en su futura ofensiva contra Donbás. Al encuentro acudieron, además de los 30 ministros aliados, los máximos responsables diplomáticos de Japón, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Suecia, Finlandia y Georgia, así como el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell.

Next Generation EU

El martes, la Comisión recaudó otros 6.000 millones de euros en fondos NextGenerationEU emitiendo, de nuevo, bonos verdes. Las inversiones verdes en el marco del Mecanismo de Resiliencia y Recuperación y los fondos recaudados contribuirán a una Europa más sostenible y resistente. La fuerte respuesta a esta emisión muestra el valor que los inversores otorgan al programa de bonos verdes y a las credenciales de sostenibilidad de la UE.

La sindicación es la continuación de la operación de bonos verdes a 15 años de la Comisión, que batió el récord de 12.000 millones de euros en octubre de 2021, y de su intervención de 2.500 millones de euros en febrero de 2022.

ESPAÑA ANTE EL TJUE

  • Aguas residuales urbanas

La Comisión decidió el miércoles llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (Directiva 91/271/CEE del Consejo). La Directiva pretende proteger el medio ambiente de los efectos adversos de las aguas residuales urbanas procedentes de los sectores doméstico e industrial. Las ciudades están obligadas a poner en marcha las infraestructuras necesarias para recoger y tratar sus aguas residuales, eliminando o reduciendo así todos sus efectos no deseados cuando se vierten en las masas de agua.

Las investigaciones de la Comisión pusieron de manifiesto un incumplimiento generalizado de la obligación de la Directiva en 133 aglomeraciones españolas. El Pacto Verde Europeo establece un objetivo de contaminación cero para la UE, que beneficia a la salud pública, el medio ambiente y la neutralidad climática, además de mejorar la resiliencia de Europa, y es fundamental que los Estados miembros la apliquen plenamente.

  • Comunicaciones electrónicas

También el miércoles, la Comisión llevó a España junto a otros nueve estados miembros, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber transpuesto por completo el Código de las Comunicaciones Electrónicas de la UE. En el trabajo, en casa o en la calle, los ciudadanos europeos quieren disfrutar de una conexión a internet que sea rápida y fiable. El Código moderniza las normas de la UE en materia de telecomunicaciones en beneficio de los consumidores y la industria.

España tenía como fecha límite de transposición del Código el 21 de diciembre de 2020, momento en el que la comisión incoó un procedimiento de infracción por no haberlo hecho. Hasta la fecha, España no ha cumplido aún sus obligaciones, por lo que la Comisión ha remitido este asunto al Tribunal de Justicia.